Continuemos con el debate
Gloria Montenegro
Reconozco y valoro el trabajo realizado por Fernando Tuesta y su contribución desde la Comisión de Alto Nivel que elaboró la propuesta de 12 proyectos para fortalecer las instituciones del sistema democrático y del Estado Constitucional de Derecho. Su compromiso y su responsabilidad con esta causa son evidentes.
En un país fragmentado, polarizado y enfrentando una crisis de gobernabilidad, donde la confianza en las autoridades y el sistema de justicia se ha perdido, resulta todo un desafío pensar en reformas electorales y políticas. No obstante, a pesar de estas dificultades, es posible avanzar en la dirección correcta mediante la adopción de estrategias debatidas y consensuadas adecuadamente.
Estoy de acuerdo con la bicameralidad y su importancia para equilibrar el desarrollo desigual de las regiones y promover políticas diferenciadas que cierren las brechas sociales como una prioridad nacional. También considero que existen otras propuestas importantes. Sin embargo, me gustaría expresar algunas observaciones como ciudadana y mujer política:
En general, estas propuestas no mejoran la calidad de nuestra representación política, a pesar de ser necesarias. Esto es evidente con los avances en la reforma al sistema de partidos. Actualmente, hay 22 partidos inscritos, y 5 más en proceso de inscripción. A este ritmo, si las elecciones generales se realizan el 2026, podríamos tener más de 30 partidos compitiendo. ¿Los ciudadanos de a pie van a tener tiempo y recursos para escuchar y evaluar 30 mensajes y propuestas diferentes? ¿A quiénes beneficia esta dispersión de partidos? Creo que al final beneficia a aquellos que ya son conocidos, mientras que los nuevos partidos difícilmente podrán posicionarse en un escenario tan disperso y confuso. Además, ¿cómo se utilizarán los recursos destinados al financiamiento de los partidos políticos?
Antes de analizar las propuestas, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el objetivo de una reforma electoral? Mejorar la calidad de nuestra representación política, es decir, permitir que los mejores ciudadanos, honestos, capaces y con vocación de servicio, lleguen al poder.
Si analizamos cuántos partidos políticos en Perú realmente tienen un ideario con postulados fundamentales que abrazan, cumplen y defienden, encontraremos que son muy pocos. ¿Cuántos tienen militancia activa y promueven la vida partidaria más allá de las épocas electorales? ¿Cuántos avanzan en la parte programática para lograr los fines planteados en su ideología?
En cuanto a su organización, existen múltiples estructuras partidarias que se ajustan al asesor, quien a su vez interpreta lo que la cúpula manda o, peor aún, están alineadas en la práctica a las decisiones del caudillo, el dueño o el empresario político. En esta realidad, ¿cómo podemos aplicar una reforma en el sistema electoral si el sistema de partidos, que es la base, se encuentra conformado por partidos que son “vientres de alquiler” y carecen de vida partidaria?
Por otro lado, existe una gran desafección de la ciudadanía hacia los partidos y hacia la política en general debido a la creciente percepción de corrupción y distanciamiento de las propuestas que esperan y requieren para solucionar sus problemas. La ciudadanía no encuentra en ellos una conexión con el gobierno, especialmente ahora que el Congreso tiene un 91 % de desaprobación y el gobierno con 80% de desaprobación (según la encuesta nacional urbano-rural del IEP, junio de 2023). En este contexto, aunque los cambios propuestos, como la reelección, la bicameralidad, la renovación y simultaneidad electoral, sean necesarios, es poco probable que encontremos apertura para alcanzar los consensos necesarios que eviten la conflictividad social.
La reforma política contempla el sistema de gobierno, el sistema de partidos y el sistema electoral. Sin embargo, es urgente agregar el sistema judicial (Poder Judicial y Ministerio Público) y a los órganos de control (Contraloría General de la República, Procuradurías). Cada uno de estos actores impacta tanto de manera individual como conjunta en el sistema, y eso lo estamos evidenciando actualmente.
¿Reducir el mandato presidencial de 5 a 4 años sin posibilidad de reelección inmediata? ¿Qué resultados de gestión se puede mostrar con esta reducción? No creo que esto contribuya a mejorar las cosas. De por sí, es difícil dejar un legado valioso en 5 años: el primer año se gobierna con el presupuesto dejado por la administración anterior, y el último año no deja margen para realizar cambios significativos debido a las elecciones. ¿Cuáles son los argumentos que respaldan la propuesta para reducir el período?
El Congreso ha caído en tal descrédito que, para salir de la situación actual, es necesario pensar en un conjunto de cambios sucesivos. En otras palabras, primero deberíamos hacer que la cámara que ya tenemos funcione correctamente y que la ciudadanía perciba las mejoras antes de crear una segunda cámara, que probablemente reproducirá los vicios de la primera. ¿De dónde provendrán esos senadores ilustres que necesitamos? ¿De los 30 partidos que van a competir? Si ese es el caso, el senado será un mini congreso con los mismos defectos. ¿Además, se propone tener 3 senadores por cada 26 distritos electorales (actualmente son 27) cuál y porqué se está reduciendo? En función de esto, ¿Lima Metropolitana tendría tres senadores y Madre Dios 3 senadores? En cualquier caso, las circunscripciones electorales deberían tener en cuenta el criterio demográfico. La bicameralidad es necesaria, ¿pero en esta época? Proponerla y fracasar sería un golpe duro.
Se plantea que debe haber un congresista por cada 120,000 electores. En ese caso, si somos poco más de 24 millones de electores, tendríamos un Congreso de 200 escaños. Incrementar el número de escaños, por más que se argumente un mismo presupuesto resulta impopular. Es importante implementar una estrategia de comunicación sostenida, por ejemplo, destacando que con más escaños, la relación del congresista con su electorado sería más cercana, se podría validar sus propuestas legislativas y se les podría fiscalizar de manera más efectiva. Igualmente debemos resaltar que los congresistas no están en el cargo para ejecutar obras.
Sobre la reelección inmediata de los congresistas, si bien es impopular, ayuda a la profesionalización de la política. Es necesario explicar que, si el congresista solo puede servir por un período, ocurrirá lo que estamos presenciando actualmente: congresistas que aprovechan su único mandato para llevar a cabo acciones cuestionables sin rendir cuentas. La profesionalización de la política supone dejar que la ley admita la posibilidad de que los buenos políticos continúen sirviendo al país. La población puede castigar con su voto al congresista corrupto, como lo ha hecho en el pasado (el porcentaje de reelección congresal de los últimos 20 años ha sido muy bajo).
En cuanto a la renovación congresal cada dos años, esto genera muchas dudas, no solo por la inestabilidad y los costos que conlleva, sino también porque se entraría en un estado de campaña permanente. Más que eso, lo que se necesita es la posibilidad de remover al congresista corrupto sin tanta burocracia o blindaje, mediante mecanismos de fiscalización que permitan juzgarlos sin que el Congreso los termine protegiendo.
Para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que son una necesidad, hace falta información, comunicación y formación de ciudadanía. Con casi 30 partidos, ¿qué tan efectivas serían estas elecciones? Las elecciones PASO funcionan cuando hay ciudadanía activa, comprometida y bien informada. Por otro lado, se debe garantizar que los candidatos surjan de elecciones internas participativas y transparentes, bajo el principio de un militante, un voto. Si no somos capaces de lograr este objetivo primero y movilizar a la militancia partidaria, ¿cómo vamos a lograr movilizar a toda la ciudadanía hacia las elecciones PASO?
Finalmente, en cuanto a los niveles subnacionales, es importante que alcaldes y gobernadores no tengan la mayoría absoluta y que haya gestiones más participativas. El ganador se vería obligado a concertar con las otras bancadas para poder gobernar.
Se debería restablecer la reelección inmediata (por un periodo) cuando se garantice el control concurrente de la Contraloría y el trabajo oportuno del sistema de justicia. La evidencia nos muestra los elevados niveles de corrupción en gobiernos locales y regionales. Las continuas reelecciones se daban no por premio de los votantes, sino debido a los niveles sostenidos de dádivas y de políticas asistencialistas. Actualmente son casi dos mil alcaldes ¿quiénes y cómo supervisan los procesos de fiscalización? Aún no tenemos una ciudadanía lo suficientemente empoderada como para sacar de carrera a sus alcaldes corruptos. Conocemos casos de alcaldes reelectos por tres periodos o más y los niveles de corrupción han aumentado junto con su popularidad.
Esperamos seguir debatiendo y desarrollando propuestas que permitan mejorar nuestro sistema electoral y político, además de fortalecer una ciudadanía activa.
Columnistas en fuego cruzado con Tuesta
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