Administración pública: un camino de desesperanza
Camilo Carrillo Purín
Somos muchos los que alguna vez hemos trabajado en el sector público, los que comenzamos una carrera llenos de esperanza y de ganas de cómo retribuir nuestros estudios y esfuerzos de nuestros padres en el servicio común. Pasados casi 20 años luego de acabar la universidad, la mayor parte de estos conocidos no quiere saber nada con el Estado, y hasta se lamentan de haber apostado por tener un país mejor porque vamos en retroceso. ¿Qué ha pasado que muchos pensamos así?. Quizá profundizando más en lo que menciona Mayen podamos analizar varios temas que son de relevancia clave para la gestión pública actual y para generar un verdadero golpe de timón que nos haga cambiar del actual rumbo que solo nos está llevando a la desintegración del Estado.
En un primer momento Mayen habla de las regulaciones y efectivamente en la mayoría de sistemas administrativos del Estado lo que hemos visto en los últimos 10 años es una sobrerregulación que nos está llevando a perder la capacidad de sacar adelante procesos para ejecutar sobre todo obra pública que brinde servicios de calidad a la población. ¿No es finalmente una de las funciones principales del Estado brindar servicios públicos? Veamos uno de los ejemplos paradigmáticos: las normas del sistema de inversión pública y público-privada.
En la inversión pública (es SNIP) los cambios esperados al Sistema Nacional de Inversión Pública y su transformación en él invierte.pe tenían el objetivo de identificar las brechas de servicios y sobre estas identificar las acciones relevantes y costos-beneficios para la toma de decisiones. Sin embargo, hoy sigue siendo un proceso en donde -ahora con fichas- se plasma un Expediente Técnico porque se quiere lograr el mayor nivel de detalle de los costos para evitar los controles posteriores.
En el caso de la inversión público-privada (APP) después de años de adjudicaciones exitosas de APP durante el periodo 2008-2014 lo que tuvimos a partir del año 2015 fue un cambio de normatividad que generó sobre procesos con dobles y triples reevaluaciones, que llevaron a que durante los últimos 5 años prácticamente no se adjudicarán más APP en el Perú.
A esta sobrerregulación se le sumó el ataque de los sistemas de control a los funcionarios públicos que tomaban decisiones. Así, se perdió la capacidad de toma de decisiones “discrecional” del funcionario público, un principio elemental de cualquier gestión que busca resultados concretos, pasando a un sistema punitivo que basado en el formalismo lo único que hace es castigar al funcionario que toma decisiones -dentro del marco legal- basado en los resultados. Un análisis muy interesante del Consejo Privado de Competitividad en su Informe de Competitividad 2022 detalla cómo, a partir de un muestreo de los llamados “Controles posteriores de APP” de la Contraloría, esta halla responsabilidad penal en los funcionarios públicos insertos en el proceso en el 60% de casos. Dicho en perspectiva, cada vez que un funcionario firma un Informe técnico tiene esa probabilidad de ser acusado, lo que se deriva en que si firma 5 documentos al año la probabilidad de resultar sin una acusación es de solamente 1%. Con una estadística así, ¿es posible gestionar o tomar decisiones? Para ponerle aún más ineficiencias al proceso, es que surge hoy en día el famoso “control concurrente”, que a pesar de ser una práctica no recomendada por los organismos multilaterales solo ha servido para poner una espada de Damocles sobre las cabezas de los pocos funcionarios público que se atreven a tomar una decisión distinta a la “recomendada” por el órgano de control, lo que en la práctica es eliminar la capacidad de decisión de los mismos.
Para agregar mayor dificultad a la situación actual, existe una rotación nunca antes vista en los funcionarios públicos, dados los cambios políticos y la inestabilidad propia de haber tenido seis presidentes en cinco años. La consecuencia, de acuerdo con algunos análisis desarrollados en el Informe de Competitividad 2022 muestra como hoy un Director General de un Ministerio clave como el MINSA dura un aproximado de 7 meses en el cargo. Fácil es adivinar la inacción que se genera cuando estos Gerentes ni siquiera tienen tiempo de conocer las funciones que les corresponde antes de que sean cambiados, impidiendo el logro de los objetivos sectoriales.
Ante esta situación actual complicada y llena de incentivos negativos, la respuesta de los funcionarios públicos -la mayoría de ellos capaces y bien intencionados- es dejar de trabajar para el Estado y la administración pública, dejando paso a funcionarios de menor capacidad, menor idoneidad técnica y que están dispuestos a demorar los procesos y no tomar decisiones con tal de quedarse en el cargo. En segundo lugar, lo que ha generado es que el día de hoy no se ejecuten los proyectos planificados, y que cuando se ejecuten estos demoren en adjudicar 84% más de tiempo que hace 10 años, (tomando ejemplos de APP del sector energía). Todo esto tiene impactos en la población y en el cierre de brechas que al final debería ser la real preocupación de los servidores públicos.
Con este panorama en ciernes, lo cierto es que aún no encontramos mecanismos ni una visión clara de cómo salir de este círculo vicioso de falta de toma de decisiones, sobrerregulación y falta de capacidades en el Estado. Si realmente queremos cambiar la administración pública tendremos que hacer un verdadero cambio en la lógica de cómo tratamos al funcionario público y también en la forma cómo generamos incentivos, ahora esperemos que sean positivos, para atraer al mejor talento al sector público. Es lo que nos merecemos como país y lo que nos merecemos los que apostamos por el mismo desde nuestros primeros días como profesionales.
Columnista en fuego cruzado con Ugarte
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