Consensos posibles, reformas ¿imposibles?

Marisol Pérez Tello

Cualquier intento de reformar el sistema político peruano no será posible en el contexto actual. Sólo con consensos y respeto a la diversidad existe la posibilidad de construir una transición responsable que dé paso a sentar las bases del país que queremos.

 

Se requiere madurez política y compromiso con el Perú, si eso está claro la responsabilidad nos alejará de los radicalismos que quieren, por un lado, cambiar todo sin saber por qué y, por otro lado, que nada cambie.

 

La situación actual

El panorama global no es alentador. Un informe de IDEA Internacional[1] da cuenta que alrededor de la mitad de los gobiernos democráticos en el mundo están en declive, debido a factores como la desconfianza de la población en sus instituciones. El Perú no es ajeno a esta realidad y se debe prestar atención a los riesgos y problemas que afectan a nuestro sistema político: populismo, clientelismo, caudillismo, partidos políticos debilitados e infiltración del crimen organizado en la política.

 

El Latinobarómetro 2021 puso en evidencia que, en nuestro país, el 48% de personas “apoyaría un gobierno militar en reemplazo del gobierno democrático si las cosas se ponen muy difíciles”, 40% considera que, en caso de dificultades, “está bien que el presidente controle los medios de comunicación” y más del 50% de la población no apoya a la democracia como forma de gobierno[2].

 

Existen discrepancias sobre las causas que originan esta situación, pero la crisis de representación, la corrupción y la ineficiencia de la gestión pública, que provocó una de las tasas más altas de mortalidad a nivel mundial durante la pandemia de Covid-19, son algunas de las razones incuestionables.

 

Por otro lado, una encuesta realizada por Ipsos Global Advisor en 28 países expresa que el 67% de peruanos considera que la economía del país está manipulada para favorecer a los ricos y poderosos, mientras que el 69% asume que los políticos y partidos tradicionales no se preocupan por la gente, el 62% opina que se necesita un líder fuerte para recuperar el país de los ricos y poderosos y el 70% estima que los expertos del país no saben cómo vive la gente[3]. Esto refleja un absoluto divorcio entre la clase política y la ciudadanía. La búsqueda del bien común es percibida como un discurso vacío.

 

También se constata que el Perú ha crecido económicamente, pero no ha disminuido la exclusión y la desigualdad. La deficiente gestión pública también es responsable de esta situación. Predominan  los buenos servidores civiles que se ven expuestos a despidos repentinos. Los puestos de dirección pueden cambiar, pero es deseable que los servidores públicos cuenten con estabilidad e incentivos, pues son quienes garantizan la eficiencia y sostenibilidad de las prestaciones de los servicios públicos y preservan la institucionalidad.

 

Por el contrario, la administración pública se inunda de funcionarios cortoplacistas e incapaces, interesados en las prebendas y ventajas personales antes que en una gestión pública eficiente al servicio de la ciudadanía. Un servicio público precario solo puede dar como resultado una pésima gestión y la pérdida de capital humano en la administración de la cosa pública. Si los mejores no entran al estado, somos administrados y gobernados por los peores.

 

El 11 de septiembre de 2001, fecha que recordamos con dolor debido a los atentados terroristas cometidos por Al-Qaeda en Estados Unidos, los Estados del hemisferio suscribían en Lima la Carta Democrática Interamericana recordando las bases de la Organización de Estados Americanos. Transcurridos veintidós años, se ha hecho poco para garantizar, entre otros, un “régimen plural de partidos y organizaciones políticas”,  la “separación e independencia de los poderes públicos” y “la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública”. Esta es, entonces, una tarea pendiente desde hace décadas.

 

En diversos pasajes de su historia reciente, nuestro país osciló entre democracia y autoritarismo. Hemos consentido el recorte de derechos y libertades a cambio de mano dura, así como el impulso de ciertas medidas económicas, sin duda exitosas, pero soslayando violaciones sistemáticas a derechos humanos y casos flagrantes de corrupción.

 

En el hemisferio la situación se ha repetido. El gobierno de Nayib Bukele tiene muchas similitudes con el régimen de Alberto Fujimori y cuenta con un apoyo popular inicial ante la efectividad de sus medidas hasta que, la evidencia y la complicidad del silencio tapando los gritos por el atropello de derechos, no soporte más.  No deberíamos estar dispuestos a pagar ese costo ni permitir que nos hagan creer que no es posible gobernar con eficiencia en el marco de la ley.

 

En el Perú, quienes plantean las reformas políticas con buenas intenciones, y algunas veces con las credenciales académicas suficientes, necesitan de un complemento que permita hacer el análisis correcto y tome en cuenta la realidad del trabajo político partidario. Las experiencias de la realidad política son relevantes para un diagnóstico y análisis técnico o los resultados serán inaplicables. Se corre el riesgo de poner énfasis en la abstracción antes que en la acción.

 

Es más grave todavía cuando se pierde de vista que las reformas políticas planteadas en nuestro país la mayoría de las veces no tuvieron en cuenta que los reformadores reales, quienes toman las decisiones, no están dispuestos a cambiar una institucionalidad frágil y cúpulas partidarias que les han asegurado los privilegios que ostentan y defienden.

 

Muchos Partidos y Movimientos Regionales son solo intereses organizados y lamentablemente han sido infiltrados por el narcotráfico y el crimen organizado, valiéndose del poco interés que despierta esta realidad en la opinión pública frente a tantas necesidades y aprovechando estas mismas necesidades se convierten rápidamente en agencias de empleo manteniendo y generando relaciones de dependencia. Si tenemos en cuenta que la descentralización adolece de fallas estructurales, los problemas antes descritos se reeditan a nivel subnacional y local.

 

El descontento ciudadano y los políticos estamos en un punto de quiebre. No es político sólo el que detenta el poder, esa es una visión simplista y miope. La política está en todo lo que hacemos en y por la vida en comunidad y la impacta. Está asociada a servir, el poder es y debe ser una aspiración del ejercicio de la política, pero como medio, no como fin. No sirve sin los móviles correctos.

 

Es lamentable que todas las fórmulas ensayadas para mejorar los partidos políticos como mecanismos de representación sean instrumentalizadas indebidamente. Por ejemplo, el financiamiento de partidos políticos, que debió atender en un 50% a la formación de los cuadros y militantes, terminó destinado a sufragar encuestas y campañas electorales en una típica y vergonzosa modificación legislativa de última hora.

 

En este contexto y con este congreso resulta ingenuo y peligroso insistir en las diversas, necesarias y urgentes reformas pendientes: política, descentralización, modernización del Estado o del sistema de justicia. A lo largo de las sucesivas legislaturas, con componendas, blindaje y arreglos de por medio; los congresistas sólo han promovido iniciativas para mejorar su propia situación y gestionar intereses particulares. Existen honrosas excepciones, pero no las suficientes para impulsar un cambio responsable.

 

¿Qué debe cambiar?

A nivel político, en lo inmediato nuestro país requiere coaliciones y liderazgo. Coaliciones democráticas basadas en valores y principios compartidos, así como en la lucha frontal contra la corrupción; y liderazgos transformadores que sean capaces de tender puentes y establecer acuerdos por el bien común, con altura de miras, capacidad de renuncia, responsabilidad y sentido de estado y sobre todo con claridad frente al poder, que como ya señalamos no es ni debe ser un fin en sí mismo, es solo el medio para modificar las estructuras y la realidad, es sobre todo un instrumento de servicio.

 

A nivel institucional, el país necesita, entre otras, una autoridad nacional de transparencia, que cuente con autonomía constitucional, que fiscalice efectivamente el poder público; un sistema de procuradores anticorrupción que no dependa del Poder Ejecutivo, sino de la Contraloría General de la República; y un Poder Legislativo bicameral (Senado y Cámara de Diputados) que atienda población y geografía y de esta forma las demandas de representación de los peruanos que se encuentran en el territorio nacional y el extranjero, visibilizando, sobre todo, la situación de las mujeres, la niñez, las personas privadas de libertad, los pueblos indígenas y en general los grupos de especial protección, que hoy se definen como los descartados, los últimos.

 

Por supuesto cerrar brechas con los mecanismos de contratación idóneos, en resumen, el país necesita institucionalidad, seguridad jurídica combatir la impunidad y mecanismos como la transparencia y denuncia para enfrentar la corrupción más allá del discurso y de rasgarse las vestiduras o pretender una superioridad moral, límites institucionales.

 

La tarea es ardua y los retos son inmensos, el diálogo y el consenso garantizan que el objetivo podrá ser alcanzado. El discurso polarizador que se agudizó durante los últimos años debe ser abandonado. El país que soñamos no se construirá en las trincheras políticas o gremiales, manifestando desprecio por aquellos que piensan distinto o planteando un programa de gobierno cimentado en el discurso “anti”. La democracia no se consolidará empleando las mismas recetas.

 

Reformemos después de salir de este juego de poder e intereses, sobre la base de mínimos comunes, del consenso, del respeto. Acercar, dialogar y construir no son tareas complicadas para un pueblo que ha vencido la subversión y el autoritarismo, sólo hay que dar los pasos en la dirección correcta.

 

Mayo de 2023.

[1] IDEA Internacional, 2022. Informe sobre el estado mundial de la democracia 2022 – Forjando contratos sociales en tiempos de descontento. Disponible en: https://tinyurl.com/ywmfjczc

 

[2] Corporación Latinobarómetro, 2021. Informe 2021 – Adiós a Macondo. Disponible en: https://tinyurl.com/yz7mbu26

 

[3] Ipsos Global Advisor, 2022. El sentimiento de sistema fracturado. Disponible en: https://tinyurl.com/374e2bdn

Columnistas en fuego cruzado con Banda

Momento de asumir riesgos

Sergio Tejada

Las nuevas formas de representación

César Azabache

Consensos posibles, reformas ¿imposibles?

Marisol Pérez Tello

Hay otro tablero

Sandro Venturo

Nacen los monstruos

Rocío Silva-Santisteban

Sin reformas y sin contrarreformas

Hernando Guerra García