Vallas a una necesaria reforma electoral
Lincoln Onofre
La propuesta planteada por Fernando Tuesta con respecto a la reforma electoral es interesante; sin embargo, considero que debe existir igualdad de condiciones entre candidatos a las cámaras (diputados y senadores) y a los gobiernos subnacionales; sea para que puedan postular a una reelección inmediata o para negarles ese derecho. Las reformas deben apuntar a corregir errores más allá de la coyuntura actual, buscando un beneficio mayor para el país.
Sin embargo, a efectos de su implementación o consecución, es importante considerar dos aspectos: el ciudadano y los partidos políticos.
Los ciudadanos, porque a final de cuentas, con las leyes que existan, decidirán quiénes los van a representar; deben hacerse responsables de sus votos. Actualmente existe una visión negativa respecto de la política y de los políticos; frases como “Que se vayan todos” es un ejemplo para manifestar que poco o nada de lo que se proponga tendrá eco en la ciudadanía: los espacios de diálogo, concertación, de acuerdos mínimos para superar la crisis están cerrados en estos espacios. No existe ni desean alguien que los represente como en el 2001. No tenemos un “Pachacútec”, una persona con capacidad de convocatoria y representación nacional y ese es el problema de los autoconvocados; el gobierno no tiene una persona, un representante legítimo, de las bases, con quien dialogar, ergo, asume la representación nacional.
Otro antecedente son los resultados del referéndum del 2018 en el cual la población le dijo NO al retorno a la bicameralidad. La población rechaza la bicameralidad fundamentalmente por los costos que implica incrementar el número de senadores y diputados; también está la imagen de un Estado burócrata, elefantiásico. No reparan en la necesidad, la oportunidad para el control de la promulgación de las leyes y los candados que mejorarían la operatividad del Estado; tener un Estado más eficiente tiene un costo que en este momento la población no está dispuesta a asumir.
Los partidos políticos también juegan un rol importante en esta reforma electoral. A final de cuentas son ellos los que -con sus votos- deciden qué leyes se aprueban y las condiciones en que estas leyes deben ser redactadas. Como se observa, institucionalmente, para los partidos políticos no es favorable la reforma electoral si esta conlleva a una regulación, fiscalización y control de las acciones que toman y menos aún si existen sanciones efectivas de por medio. El aparato político que tenemos ha instado un modelo que impide la transparencia y participación democrática durante los procesos previos a la campaña electoral; desde candidatos naturales y únicos, hasta elecciones por delegados configuran acciones que disfrazan -con total descaro- una realidad a fin de cumplir con la ley. Así también los políticos que hoy se encuentran en el parlamento no están dispuestos a ceder ante una reforma que los perjudique y les impida una reelección.
La reforma electoral es necesaria y urgente, pero las condiciones no están dadas. Ninguno de los actores está dispuesto a asumir ese reto.
Columnistas en fuego cruzado con Tuesta
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