¿Es posible salir de esta crisis?
Aldo Facho Dede
La columna escrita por Mayen Ugarte es una de las mejores radiografías que he leído sobre los males endémicos del Estado Peruano, y como hemos retrocedido en nuestra capacidad de planificar y ejecutar proyectos que nos alejen del peligro y la pobreza e incrementen nuestra calidad de vida. En los 12 años que llevo trabajando en temas relacionados a la planificación y a proyectos urbanos, he visto como brillantes iniciativas e importantes esfuerzos de gestión terminan frustrándose por la sobre burocratización de los procesos, las limitaciones (en cantidad y en capacidad técnica) del personal, y el miedo a la denuncia por cualquier indicio de corrupción.
¿Somos verdaderamente incapaces de planificar y gestionar proyectos en tiempos similares a los del sector privado? La evidencia parece decirnos que sí. Por poner un ejemplo, a raíz del Fenómeno del Niño Costero (FEN) del 2017, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) promovió la elaboración de 68 planes en las regiones afectadas con un presupuesto total de S/ 30,7 millones, que fueron finalizados entre el 2021 y 2022. Hoy no sabemos cómo se están implementando, ni si ha permitido priorizar acciones concretas para mitigar los riesgos del FEN del 2024.
Las responsabilidades son transversales y compartidas, en todos los niveles de gobierno, y, como bien señala Ugarte, existen condiciones sociales y políticas que hacen muy difícil que esta situación cambie. Desde mi punto de vista se destacan seis:
1. La grosera disparidad en el desarrollo de las regiones, siendo que en Lima Metropolitana se concentra el 50% del PBI nacional, y con ello la mayoría de las oportunidades para el desarrollo de las personas.
2. El consecuente centralismo del Ejecutivo, que no permite que cada región asuma la responsabilidad plena de gestionar su territorio.
3. La informalidad estructural de nuestra sociedad, que afecta transversalmente nuestra capacidad de gestionar, producir y planificar.
4. La informalidad de nuestra política, reflejo directo de la sociedad, que no ofrece estructuras partidarias que soporten y sostengan las políticas públicas promovidas por sus actores.
5. La excesiva fragmentación del territorio en regiones, provincias y distritos, cada una con una carga burocrática que consume gran parte de su presupuesto.
6. La no reelección de gobernadores y alcaldes, que sumado a lo anterior hace inviable planificar, promover políticas públicas y proyectos.
Ante este panorama, diferentes gobiernos han visto como solución intentar “baipasear” algunos de estos problemas creando autoridades supranacionales, o acuerdos gobierno a gobierno (G2G), pero ya hemos visto que los resultados son dispares y, en términos generales, poco alentadores. En el 2017 se creó la “Autoridad para la Reconstrucción con Cambios” con la finalidad de facilitar el proceso de reconstrucción de las ciudades afectadas por el FEN, promoviendo, financiando y monitoreando las obras de gran envergadura. Para ello debía contar con el apoyo de los gobiernos subnacionales. Pero, además de sus propias debilidades institucionales, se encontró con un territorio excesivamente dividido en municipalidades, cada una con su propia burocracia y generalmente con muy limitados recursos técnicos y económicos. El primer jefe de la entidad, Pablo de la Flor, lo dijo claramente en una entrevista a El Comercio (en el 2017): “Lo que no está funcionando, lamentablemente, son las capacidades institucionales que los entes gubernamentales tienen”, unos días después dejó el cargo. ¿Qué nos hace pensar que la recientemente creada “Autoridad Nacional de Infraestructura” va a tener otros resultados?
Por otro lado, se ha pretendido hacer de los G2G la solución para nuestra incapacidad de gestión, pero este tipo de mecanismos necesitan de un claro liderazgo y de un robusto equipo técnico, como sucedió en los Panamericanos de Lima 2019.
¿Existe una salida? Considero que sí. Si bien debiera ser una prioridad atender los seis puntos que he señalado anteriormente, existen acciones que podrían mejorar notablemente la gobernanza nacional, y que sobre todo demandan acuerdos y voluntad política. Primero que nada, como indica Ugarte, debemos volver a atraer talento al Estado, y para ello necesitamos que la administración de turno respete la institucionalidad de los ministerios, y a un Congreso responsable que no use la censura como un arma desestabilizadora, destruyendo la gobernabilidad. Segundo, debemos apostar decididamente por promover una nueva forma de hacer política, en la que el respeto y el consenso sean el punto de partida de las negociaciones. En ese sentido, asociaciones como Recambio vienen trabajando en la formación de nuevos líderes que esperemos pronto sean las nuevas caras de la política nacional. Tercero, necesitamos apostar decididamente por el desarrollo regional, reforzando a los gobiernos subnacionales con equipos técnicos de alto nivel, para que puedan ejercer plenamente sus competencias. La Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) se creó para ese fin, es momento de relanzarla. Cuarto, debemos proteger a nuestros funcionarios, y valorar la capacidad de interpretar las normas y aplicar criterios técnicos, a la par que hacemos un importante esfuerzo en simplificarlas. Quinto, y ya entrando en mi campo, debemos revisar la manera como estamos planificando nuestro territorio y ciudades, simplificando los mecanismos y procesos, y exigiendo que los proyectos de inversión pública sean determinados y priorizados en los planes urbanos. De esa manera podremos reducir la arbitrariedad y agilizar su concreción. Este esfuerzo debe ir acompañado de una adecuada fiscalización de los usos del suelo, poniendo fin a la informalidad y el tráfico de tierras. Sexto, debemos asumir el enorme reto de poder atender la demanda de vivienda digna a nivel nacional, visibilizando la economía informal y promoviendo la inclusión financiera. Diferentes estudios nos muestran que las familias gastan en autoconstrucción lo mismo que gastarían en un crédito del programa Mi Vivienda, por lo que el principal problema no serían los recursos, sino el cómo los visibilizamos y consideramos.
Dado que el Ejecutivo y Legislativo han decidido quedarse hasta el 2026, sería importante que dejen de actuar como una administración temporal y empiecen a planificar medidas de corto y mediano plazo que nos devuelvan la esperanza en un mejor Perú.
Columnista en fuego cruzado con Ugarte
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